Announcements / February 2016

Carta de bienvenida al Comisionado Enrique Gil Botero como Relator de los Derechos de las Personas Migrantes

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Crédito de foto a OAS

USCRI, como parte del Grupo Articulador Regional del Plan de Acción Brasil (GAR-PAB), suscribió a la siguiente carta dando bienvenida como nuevo Relator de los Derechos de las Personas Migrantes y sus Familiares al Comisionado Enrique Gil Botero.

 

 

 

 

 

26 de febrero de 2016

Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Comisionado Enrique Gil Botero
Relatoría sobre los Derechos de los Migrantes
P R E S EN T E.-

Reciba un cordial saludo de parte del Colectivo Migraciones para las Américas (COMPA), el Grupo Articulador Regional del Plan de Acción Brasil (GAR-PAB), el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria (GTPM), International Detention Coalition (IDC) y otras organizaciones de la región, quienes suscribimos la siguiente comunicación.  Le damos una cordial bienvenida como nuevo Relator de los Derechos de las Personas Migrantes y sus Familiares, temática que constituye una cuestión de primer orden en toda la región, con sus matices en algunas zonas pero finalmente una realidad compartida.

Ha sido relevante durante estos últimos cinco años el papel que ha desarrollado la relatoría a su cargo y la interlocución con sociedad civil, cuyo diálogo se ha afianzado en el intercambio respetuoso y oportuno, lo cual se ha materializado en las audiencias, reuniones de trabajo, medidas cautelares, comunicados e informes respecto del tema.
Es por ello que deseamos presentarle una síntesis de los temas que hemos incorporado en nuestras agendas en materia de protección internacional, refugio y movilidad humana en la región. Para de este modo, poder asegurar la continuidad del valioso trabajo que en conjunto hemos podido implementar y seguir trazando el camino rumbo al pleno y efectivo respeto de los derechos humanos de las personas en situación de movilidad humana.

Los temas son los siguientes:

  • Las políticas de control, detención y deportación; diseñadas con una perspectiva de seguridad nacional, que derivan en detrimento de los derechos humanos de las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas y generan una mayor vulneración de sus derechos.
  • Infancia migrante y solicitante de asilo, principalmente en lo que se refiere al establecimiento de procedimientos garantes del interés superior de la niñez, donde prime la visión de infancia y
    no la de status o condición migratoria, en coherencia con lo que establece la Opinión Consultiva 21 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
  • Mujeres en contexto de movilidad humana y las diferentes condiciones de vulneración a las que son sometidas desde un marco normativo que potencia la discriminación, condicionando su acceso a procesos de regularización por sesgos de género.
  • La situación de las mujeres y las personas de identidades sexuales diversas en frontera que imposibilitan el ejercicio pleno de derechos y dan pie a graves violaciones de derechos humanoLa situación de las personas refugiadas y solicitantes de asilo, respecto de los procedimientos para el reconocimiento de dicha condición, el acceso a la información de su derecho, el debido proceso y las deficitarias políticas de integración en la región.
  • Prácticas y políticas de detención migratoria basadas única y exclusivamente en la situación migratoria irregular de las personas, sin llevar a cabo un análisis y evaluación de su necesidad, razonabilidad y proporcionalidad, y sin considerar en primera instancia las alternativas a la detención. Así como la persistencia de la detención de niños, niñas y adolescentes por razones migratorias, en violación de los estándares regionales e internacionales.
  • La falta de alternativas a la detención migratoria diseñadas bajo la presunción de libertad y estructuradas en modelos y programas de atención y gestión de casos en la comunidad, que permitiría que las personas migrantes y solicitantes de asilo permanezcan en la comunidad satisfaciendo sus necesidades básicas al tiempo en que cuentan con las condiciones y herramientas que les permitan participar activamente y en forma justa en sus procedimientos.
  • Las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el proceso de reconocimiento hacia los solicitantes de asilo o otras personas necesitadas de protección internacional
  • La securitización de las fronteras a través de planes como el Programa Integral de la Frontera Sur en México y el coste humano que está representado por la militarización de las zonas de ingreso, tránsito y residencia de las personas migrantes y refugiadas.
  • La necesidad de incorporar en la legislación penal de los países de la región, el delito de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes para evitar la impunidad y garantizar el respeto de los derechos humanos de sus víctimas. Es fundamental también generar políticas de promoción sobre la prevención, empoderamiento y reconstrucción para víctimas, sobrevivientes y sus familias de este flagelo.
  • La ausencia de políticas de integración para las personas que son deportadas, cuyas acciones gubernamentales en los países de origen se reducen a la recepción, y no así en la garantía de derechos fundamentales como la salud, educación y trabajo.
  • La desaparición de personas migrantes y la necesidad de una acción coordinada de los gobiernos en la reparación, acceso a la justicia y búsqueda en vida de las personas
  • La situación de inseguridad, riesgo y desprotección de las personas defensoras de derechos de migrantes, refugiadas, desplazadas internas y solicitantes de asilo, con la ausencia de políticas de protección para estas personas defensoras.
  • El desplazamiento forzado interno generado por la persecución y la violencia generalizada, principalmente en los países del Triángulo Norte de Centroamérica y México, la prevalencia de las condiciones de inseguridad y las amenazas en su lugar de origen, la falta de alternativas de huida interna y la ausencia de mecanismos nacionales de protección y asistencia para este sector poblacional que incrementa su condición de vulnerabilidad.
  • El desalojo forzado interno generado por los planes de desarrollo y mega proyectos que se están implementando en la región, generando pobreza en las comunidades y violencia por parte de los gobiernos contra las personas y movimientos sociales que se oponen a la explotación de sus recursos naturales (minería, madera, aceite de palma, biocombustibles, entre otros).
  • Los casos de apátrida como el caso de República Dominicana por las personas con doble nacionalidad, haitiana y dominicana.
  • El reconocimiento de la comunidad LGBTTTI y la ausencia de mecanismos de protección y de acciones acordes a los perfiles y necesidades de este colectivo.
  • La ausencia de compromiso de parte de los Estados de acogida en adelantar programas de reasentamiento solidario, que garanticen integralmente los derechos de las víctimas en su país de origen, independientemente de donde se encuentren o donde buscan un asentamiento definitivo.
  • El compromiso de la relatoría de los derechos de los Migrantes en la observancia rigurosa al cumplimiento de los estándares internacionales en materia de protección, en el marco del proceso de negociación del conflicto armado en Colombia, es fundamental para la garantía de los derechos de la población migrante y para la construcción de paz en la región.

Esperamos que el próximo periodo de audiencias tengamos la oportunidad de poder conversar personalmente sobre las propuestas que ya estamos implementando y las acciones en donde requerimos el apoyo de la relatoría para su desarrollo.

Para ver la carta completa haga clic aquí

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